.................... S/ RECURSO DE QUEJA (RPJ)

¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa involucra a G. L. G. S., quien solicitó semilibertad y arresto domiciliario en el marco de una causa penal. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó el rechazo del planteo, considerando que no se violaba la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12256. La defensa interpuso recurso de casación, que fue denegado, y posteriormente presentó queja ante la Cámara de Casación Penal de La Plata. El tribunal de casación analizó si la decisión de la Cámara de San Isidro fue ajustada a derecho y si correspondía la declaración de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12256. Los jueces Bouchoux y Carral consideraron que la resolución de la Cámara de San Isidro no evaluó adecuadamente la constitucionalidad de la norma, limitándose a consignar su calificación jurídica sin verificar los requisitos de procedencia de la medida. La sentencia sostiene que la declaración de inconstitucionalidad requiere un análisis profundo y manifestación clara de la incompatibilidad con la Constitución, cosa que en el caso no ocurrió. Por su parte, el juez Kohan disintió, argumentando que la declaración de inconstitucionalidad debe ser una medida de última ratio y que la norma cuestionada no viola principios constitucionales claros. Sin embargo, la mayoría del tribunal decidió hacer lugar a la queja, anular la resolución anterior y reenviar la causa a la instancia inferior para que se realice un análisis completo de los requisitos constitucionales y legales para la procedencia de la medida solicitada, garantizando así el respeto a los derechos constitucionales y tratados internacionales. Fundamentos principales: El tribunal enfatizó la gravedad institucional que implica declarar la inconstitucionalidad de una norma y la presunción de validez de las leyes dictadas por el Congreso. Se sostuvo que la norma en cuestión no viola claramente la Constitución ni los tratados internacionales, y que la evaluación debe ser fundada y detallada para justificar tal declaración. La resolución fue apelada por la defensa, que buscaba la revisión de la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12256, norma que regula la libertad condicional en el sistema penal juvenil.