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SCHMIDT SANDRA BEATRIZ C/ CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANC S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION

La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 15.008 y ordenó la liquidación de los haberes previsionales de la actora conforme el beneficio de Alfredo Daniel Capuselli, en base al art. 57 de la Ley 13.364, condenando a la demandada a abonar diferencias y costas.

Inconstitucionalidad Movilidad jubilatoria Ley 15.008 Derechos adquiridos Regimen previsional Articulo 41 Suprema corte de justicia Proteccion social Liquidacion de haberes Constitucion provincial

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demandante, Sandra Beatriz Schmidt, promovió demanda contra la Caja de Jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuestionando la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 15.008, especialmente el artículo 41, alegando que vulnera derechos adquiridos y principios constitucionales, y solicitando que se restablezca su movilidad jubilatoria previa a dicha ley. La demandada contestó que la norma no viola la Constitución y que la sustitución del régimen de movilidad no es inconstitucional, además de alegar la necesidad de garantizar la sustentabilidad financiera. La Cámara de Primera Instancia declaró la inconstitucionalidad del artículo 41, basándose en jurisprudencia que considera que los cambios en los sistemas de movilidad que generan desigualdad o pérdida del carácter sustitutivo de los haberes violan derechos constitucionales, y ordenó que la Caja liquide los haberes de acuerdo al art. 57 de la Ley 13.364, con intereses y en el plazo de 60 días. La sentencia destacó que la norma impugnada impide mantener una relación proporcional entre haberes de actividad y pasividad, y que el índice de movilidad establecido en la Ley 26.417 no refleja adecuadamente la remuneración del beneficiario, vulnerando el derecho a una retribución justa. La Cámara también sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas es necesaria para garantizar derechos adquiridos y la protección social del beneficiario.

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