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GONZALEZ ORLANDO RUBEN S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA

La sentencia reevaluó la situación de capacidad jurídica del causante G.O.R. y declaró su capacidad restringida, designando un apoyo y supervisión para su administración y ejercicio de derechos personales, en atención a su diagnóstico de retraso mental grave y epilepsia. La decisión prioriza la protección del causante sin afectar excesivamente su autonomía.

Reevaluacion de capacidad Incapacidad judicial Discapacidad psicosocial Apoyo y supervision Proteccion de derechos Ley 26.657 Discapacidad intelectual Tutela Derechos personales Proteccion legal

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La causa se centra en la reevaluación de la capacidad jurídica de G.O.R. en virtud de su diagnóstico de retraso mental grave y epilepsia, y la necesidad de protección legal.
- La resolución declara que G.O.R. posee capacidad restringida para administrar sus bienes, requiriendo supervisión de un apoyo, y asistencia plena mediante representación legal, conforme a la evaluación interdisciplinaria.
- Los profesionales y el informe interdisciplinario concluyen que el causante “se encuentra ‘estable’, siendo el diagnóstico principal, desde la perspectiva interdisciplinaria, de 'Retraso Mental Grave. Epilepsia'”, con baja autonomía en autocuidado y autodeterminación, y no participa en actividades cívicas ni políticas.
- La sentencia fundamenta que la protección del causante implica limitar sus derechos civiles y personalísimos, estableciendo un apoyo con supervisión y asistencia plena, respetando sus voluntades en la medida de lo posible y previniendo riesgos para su integridad.
- La designación de un apoyo y supervisión se realiza en conformidad con la ley 26.657, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Código Civil y Comercial, con especial énfasis en la protección y el respeto a su voluntad.
- Se ordena la notificación a organismos electorales y registros correspondientes, y se establece la revisión de la medida en un plazo de tres años, para garantizar la protección continua del causante.

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