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ALANIZ GABRIEL MARIA FILADELFO Y OTROS C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA DE LA PRO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La sentencia reconoce la constitucionalidad de la demanda por bonificación por antigüedad en favor de los actores, invalidando leyes y decretos que redujeron o eliminaron dicho beneficio, y ordena el pago retroactivo con intereses. La decisión se fundamenta en que las reducciones fueron inconstitucionales y violaron derechos adquiridos y principios constitucionales.

Recurso de apelacion Derechos laborales Bonificacion por antiguedad Inconstitucionalidad Reduccion salarial Principios constitucionales Derechos adquiridos Progresividad Inembargabilidad Pago retroactivo

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demanda fue promovida por varios agentes policiales contra la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el reconocimiento del derecho a percibir un porcentaje del 3% en la bonificación por antigüedad por todos los años de servicio, y la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos o resoluciones que hayan dispuesto porcentajes inferiores o la eliminación del beneficio. La sentencia valoró que las normativas cuestionadas implicaron una reducción de derechos adquiridos y que vulneraron principios constitucionales de igualdad y progresividad, además de la protección de derechos laborales y la cláusula de intangibilidad de remuneraciones para jueces, distinguiéndolos de otros dependientes del Estado que fueron afectados por las mismas leyes. La Cámara concluyó que dichas medidas excedieron los límites constitucionales, y que, en razón de la evolución legislativa y jurisprudencial, la disminución del porcentaje de bonificación fue inconstitucional y, por ende, se ordenó el pago con intereses desde la fecha del hecho generador. La decisión consideró que las reducciones en el porcentaje de bonificación por antigüedad no lograron considerarse medidas temporales o de emergencia, por lo que resultan inconstitucionales. Se rechazó la prescripción y se ordenó el pago de las sumas adeudadas, con intereses y actualización, además de costas a cargo de la demandada.

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