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ALFONZO CARLOS C/ RAMALLO ANTONIO FRANCISCO S/ DESPIDO

La demanda por despido y cobro de indemnizaciones fue fundada por Carlos Alfonzo contra Antonio Ramallo. La Cámara confirmó la procedencia de la acción y condenó al demandado a pagar $215.635,91 por indemnizaciones laborales, actualizaciones e intereses, considerando el despido indirecto y la relación laboral acreditada.

Relacion laboral Despido incausado Indemnizacion Rebeldia Actualizacion monetaria Intereses Prueba documental Inconstitucionalidad ley 11.653 Sentencia laboral Argentina

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Carlos Alfonzo, demanda al Sr. Ramallo por despido incausado y cobro de indemnizaciones, alegando que prestó tareas en el Barrio Cerrado Los Pilares desde el 1/12/2018 hasta el 16/1/2020, realizando tareas de mantenimiento y jardinería. Indica que el vínculo laboral se inició en esa fecha, con un salario de $16.000, de los cuales solo $10.000 estaban registrados. Refiere múltiples reclamos por deudas salariales y la negativa del empleador a continuar con la relación. La relación fue finalizada por despido indirecto, por el silencio del demandado ante la negativa de tareas, en fecha 16/1/2020. La prueba documental acompañada, incluyendo recibos y telegramas, fue valorada, y se concluyó que existió relación laboral y despido incausado. El tribunal consideró acreditado que el vínculo laboral inició en 01/12/2018 y finalizó el 16/1/2020, con incumplimientos del empleador respecto del pago de salarios y aportes. La sentencia condenó al demandado a abonar $215.635,91, con costas y honorarios, además de actualizar la suma y aplicar intereses. La rebeldía del demandado no impidió valorar la prueba y la existencia del vínculo laboral. La decisión fue en línea con la normativa laboral, doctrinas y jurisprudencia aplicables, y consideró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653 para la actualización monetaria, optando por aplicar la tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires más intereses del 4% anual, y la tasa activa en caso de incumplimiento posterior. La condena incluye también costas y honorarios profesionales, ordenando el pago en los plazos legales.

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