MONTOYA MICAELA INES C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA S/ ACCIDENTE IN-ITINERE
La Cámara del Trabajo de Morón dictó sentencia que declaró la incompetencia del tribunal y dispuso el archivo de la causa por no haberse agotado la trámite administrativo previo obligatorio en un caso de accidente de trabajo. La decisión se fundamenta en la necesidad de acreditar el agotamiento de la instancia administrativa previa, conforme a la ley 27.348, la ley 14.997 y la resolución 298/17 de la SRT, señalando que la actora no acreditó la emisión de acto administrativo que certifique dicho agotamiento, por lo que se declara la incompetencia del tribunal y se ordena el archivo. La sentencia también regula honorarios y costas en consecuencia.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La actora, Micaela Inés Montoya, demanda a la Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA por un accidente in-itinere. La parte demandada plantea que la actora no agotó en forma adecuada la instancia administrativa previa obligatoria, requisito necesario para que el tribunal tenga competencia, según la ley 27.348, la ley 14.997 y la resolución 298/17 de la SRT. La jueza sostiene que en autos no se acredita que la autoridad administrativa haya emitido un acto que reúna los requisitos de tipicidad que impongan cargas impugnatorias perentorias, y que la actora no prueba que la instancia administrativa previa haya sido agotada, por lo cual corresponde declarar la incompetencia del tribunal y ordenar el archivo del expediente. La fundamentación principal señala: “resulta en mi opinión imprescindible que la administración expida previamente un certificado o acto administrativo similar por el cual se deje constancia de que se ha procedido a agotar la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente.” También cita jurisprudencia de la SCBA en favor de esta interpretación, y remite a la constitucionalidad y aplicación de las leyes 14.997 y 27.348. La decisión incluye el rechazo del planteo, la declaración de incompetencia y el archivo, con costas a la actora y regulación de honorarios a los abogados intervinientes.
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