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GUANINI ALEJANDRO ADRIAN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo confirmó la admisibilidad del recurso del amparista y rechazó la apelación del Fisco, manteniendo la sentencia que ordena su incorporación laboral en el Estado provincial por discriminación y vulneración de derechos constitucionales y convencionales.

Recurso de apelacion Amparo laboral Discapacidad Igualdad de oportunidades Ajustes razonables Derechos humanos Ley 10.592 Discriminacion Accion positiva Incorporacion laboral.

¿Qué se resolvió en el fallo?

La acción de amparo fue promovida por Alejandro Guanini contra el Estado provincial, específicamente contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, solicitando su incorporación en el empleo público en cumplimiento de la ley 10.592 y derechos internacionales. La sentencia de grado admitió la acción, ordenando la designación del actor en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, dada la situación de vulnerabilidad, discapacidad y la obligación estatal de garantizar ajustes razonables. La Cámara consideró que la respuesta de la administración, que invocó la falta de vacantes, resultó irrazonable y discriminatoria, en tanto el actor cuenta con certificado de discapacidad, antecedentes de solicitudes reiteradas y perfil profesional acorde a la normativa constitucional, convencional y legal, incluyendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La decisión resaltó que la normativa internacional y nacional obliga a adoptar medidas de acción positiva y ajustes razonables para garantizar el derecho al empleo de las personas con discapacidad, considerando además la obligación de remover obstáculos y brindar apoyos específicos. La Cámara rechazó los agravios del Fisco, confirmando la sentencia de grado, entendiendo que la misma se ajustó a derecho, en línea con los principios de igualdad, no discriminación y protección de derechos humanos y constitucionales. La decisión también abordó la cuestión de la intromisión en la esfera de otros poderes del Estado, señalando que el control judicial puede y debe garantizar la protección efectiva de derechos constitucionales y convencionales, en un esquema de activismo judicial responsable y respetuoso del orden constitucional.

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