LORENZO DIEGO SERGIO ROLANDO C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE IN-ITINERE

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Lorenzo Diego Sergio Rolando, demanda a la Provincia de Buenos Aires por indemnización derivada de un accidente in itinere ocurrido el 31/08/2020, que produjo lesiones en su rodilla derecha. La demandada reconoce la relación laboral y la cobertura del accidente, brindando prestaciones a través de Provincia ART SA. La prueba pericial médica acredita que el actor sufrió una incapacidad física parcial, permanente y definitiva del 13,32%. La sentencia declara la procedencia de la demanda y condena a la Provincia a pagar la suma de $19.638.855,32, actualizada con índices RIPTE, además de intereses. El tribunal analiza las cuestiones constitucionales relativas a las normas de actualización, rechazando los planteos de inconstitucionalidad formulados por ambas partes respecto a ciertos artículos de la ley 24.557, la ley 26.773 y el decreto 669/19, considerando que la normativa vigente, con las modificaciones introducidas, resulta insuficiente y desactualizada frente a la contexto inflacionario. Se declara la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928 y del art. 12.2 de la LRT, en virtud de que su aplicación genera prestaciones irrisorias y desactualizadas, contrarias a principios constitucionales de protección del trabajador y la función reparadora del Estado. La actualización del crédito se realiza mediante el índice RIPTE, resultando en un monto de $19.638.855,32, con intereses del 2% anual desde el accidente y moratorio del 6% anual desde el vencimiento de la sentencia. Se imponen las costas a la demandada y se regulan los honorarios profesionales. Fundamentos principales: "Con base en la prueba producida y en los informes periciales, se concluye que el actor sufrió una incapacidad física parcial, permanente y definitiva de 13,32%. La ley 24.557, modificada por la ley 26.773 y la ley 27.348, establece mecanismos de actualización del crédito que, en la actualidad, resultan insuficientes y desfasados frente a la realidad inflacionaria y la pérdida del valor adquisitivo. La jurisprudencia y doctrina constitucional han declarado la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación y las tasas de interés que no reflejan el valor real del capital, por lo que se propone actualizar el crédito mediante el índice RIPTE, ajustado a la realidad económica." "Asimismo, el