GOMEZ JULIO MÁXIMO C/ RODRIGUEZ SEBASTIÁN DANIEL S/ DESPIDO

¿Qué se resolvió en el fallo?

La acción fue promovida por Julio Máximo Gómez contra Sebastián Daniel Rodríguez por despido, acreditándose la relación laboral desde 1982 hasta su extinción el 14/10/2020. La prueba testimonial y documental, incluyendo telegramas y recibos de sueldo, sostuvo la existencia del vínculo y la fecha de despido. La causa del despido, basado en una supuesta falta grave por insultos y agravios, no fue demostrada por la parte demandada, que no aportó prueba que acreditara la causal invocada. La sentencia consideró que la causal de despido no fue probada y que, en consecuencia, el despido fue injustificado. Se condenó al demandado a abonar una suma de $10.388.578,68 por indemnizaciones legales, diferenciales salariales, art. 80 LCT, ley 25.323, y otros conceptos. Además, se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 sobre la base de la doctrina de la Corte Suprema, estableciendo la actualización del capital con un esquema que contempla la inflación y la tasa de interés del 6% anual, reduciendo en un 60% la diferencia de actualización para evitar un enriquecimiento sin causa. La sentencia también dispuso las costas a cargo del demandado, que fue sustancialmente vencido, y ordenó la liquidación definitiva. Fundamentos principales: El tribunal analizó que la parte demandada no logró probar la causal de despido alegada, incumpliendo con su carga probatoria en rebeldía, y que la conducta imputada al trabajador no constituía una falta grave que justificara el despido sin indemnización. La jurisprudencia citada reafirma que la declaración de rebeldía no implica automáticamente la procedencia de la demanda, sino que el juez debe valorar las pruebas y circunstancias para determinar la procedencia o no del despido. La valoración de la prueba testimonial y documental concluyó que el despido fue injustificado, y la indemnización se fijó conforme a los montos y conceptos previstos en la ley y en la sentencia. En cuanto a la actualización de créditos laborales, el tribunal aplicó la doctrina de la Corte Suprema que permite utilizar mecanismos alternativos frente a la prohibición de indexar por inflación, adoptando un sistema que combina la actualización por índices y la tasa de interés del 6%, ajustando en un 60% la diferencia objetiva en perjuicio del trabajador. También se consideró la normativa sobre costas, que establece su carga a la parte vencida, en este caso el demandado.