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MARZANO NICOLAS ARIEL C/ ROVENGO RODRIGO MARIO S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, confirmó la resolución que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928 -t.o. Ley 25.561-, en un caso de cobro ejecutivo de alquileres, considerando que la sentencia firme adquirió autoridad de cosa juzgada y que no existen circunstancias de excepción para revisar su constitucionalidad en esa instancia.

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¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora (M N A C) interpuso recurso de apelación contra la resolución que rechazó su planteo de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928 -t.o. Ley 25.561-, en el marco de un proceso de cobro ejecutivo de alquileres. La parte actora argumenta que la interpretación formalista de la fallo "Barrios" y la aplicación rígida de la preclusión impiden actualizar monetariamente la deuda, lo que, en contextos de grave inflación, genera una lesión al derecho de propiedad y a la protección del crédito. Cita que la doctrina del Dr. López Muro, en "Lasaga Laura Irma c/ Ricardo Nini S.A.", establece que en contextos inflacionarios la aplicación rígida de preclusiones puede resultar injusta y que la protección del valor real del crédito es prioritaria. La Cámara concluye que, si bien la doctrina "Barrios" declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, esa decisión se fundamenta en que la norma viola principios constitucionales de razonabilidad y derecho de propiedad, y que en autos la sentencia firme adquirió autoridad de cosa juzgada. La revisión de constitucionalidad sobreviniente en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada solo puede realizarse en circunstancias excepcionales, que en este caso no se configuran. La Cámara reafirma que la autoridad de cosa juzgada impide la reapertura del debate sobre los efectos económicos del crédito, y que no existen motivos para apartarse del precedente "Barrios", por lo que confirma la resolución que rechazó el planteo de inconstitucionalidad.

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