----------- S/APELA ELEVACION A JUICIO
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Nicolás anula la elevación a juicio por considerar que la resolución de la instancia anterior no fundamentó adecuadamente la imputación y carecía de una valoración concreta y razonada de las pruebas, vulnerando derechos constitucionales y garantías del proceso. La decisión se basa en que la resolución apelada fue arbitraria, con una fundamentación superficial, omitiendo un análisis completo de las evidencias y sin explicar el razonamiento que llevó a la conclusión de que existía suficiente gravedad y probabilidad para sustentar la procesamiento. La Cámara remite las actuaciones para que un juez habilitado emita una resolución fundada que garantice un control adecuado de la imputación, cumpliendo con los principios de doble conforme y motivación exhaustiva.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Nicolás revisa la resolución del Juzgado de Garantías N° 1, en la cual se elevó a juicio a M.A.G por homicidio culposo. La defensa interpuso recurso de apelación alegando que la resolución no fundamentó adecuadamente la imputación, omitiendo un análisis concreto y razonado de las pruebas. La Cámara considera que la resolución apelada fue arbitraria, ya que carece de una fundamentación suficiente y no realizó un análisis integral de las elementos probatorios. La decisión del tribunal se fundamenta en que "el análisis y ponderación de las pruebas en esta etapa del procedimiento debe ser realizado con el solo objeto de decidir si convergen elementos que justifican la apertura del debate", pero en el caso, "el juez a quo ha formado su real convicción sobre los puntos que debió resolver, vale decir, no ha proporcionado adecuadas y motivadas razones que lo condujeran a sostener la ocurrencia material del hecho denunciado y el modo -probable
- en que quien resulta parte imputada haya actuado en calidad de autor, lo cual impide ahora efectuar un apropiado y debido control de la imputación ante la Alzada". La Cámara concluye que la resolución fue arbitraria y que no se cumplió con las garantías constitucionales del derecho al doble conforme, por lo que hace lugar al recurso, anula la resolución impugnada y remite las actuaciones para que un juez habilitado dicte una resolución fundamentada.
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