DIAZ GUSTAVO RAIMUNDO C/ MUNICIPALIDAD DE LANUS S/ PRETENSIÓN ANULATORIA Y PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS.

¿Qué se resolvió en el fallo?

Gustavo Raimundo Diaz demanda a la Municipalidad de Lanús por la nulidad de los decretos que dispusieron su cesantía, reclamando reincorporación, pago de haberes caídos, intereses, y indemnización por daño moral. La sentencia concluye que los decretos 4391/18 y 4396/18 son nulos por irregularidades en las notificaciones, vicios en el procedimiento disciplinario y en la motivación del acto, afectando garantías constitucionales y derechos del actor. Se destaca que las notificaciones no fueron efectuadas en su domicilio registrado, lo que vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva. La evaluación de las pruebas revela que no se respetaron las garantías del derecho a defensa, especialmente en las etapas de indagatoria y notificación, y que los sumarios administrativos carecieron de idoneidad y legalidad. La Justicia ordena la reincorporación del actor en el plazo de 60 días y el pago de daños morales y salarios caídos, con intereses, estableciendo además las costas a la demandada. Fundamentos principales: Se detectan graves irregularidades en la notificación y en el procedimiento disciplinario, violando el debido proceso y el principio de legalidad. La ley 14.656 prohíbe la aplicación retroactiva de normas penales y disciplinarias, y en este caso, se aplicó de manera retroactiva al acto sancionatorio, vulnerando garantías constitucionales. La falta de notificación fehaciente de los actos administrativos, sumada a la omisión de notificar la finalización del sumario y la falta de oportunidad para ofrecer defensa, invalidan los decretos de cesantía. La jurisprudencia recuerda que la notificación debe garantizar conocimiento efectivo y oportuno, y que su incumplimiento implica nulidad. Además, la existencia de irregularidades en las etapas de indagatoria y en la acumulación de causas disciplinarias afecta la validez del acto administrativo. La sentencia también reconoce la existencia de daño moral por la afectación a derechos constitucionales, y fija una indemnización de $100.000.