FUSARI CAYETANO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

la actora, en ejercicio de derechos previsionales.

¿A quién se demanda?

ANSES.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

ajuste en el haber inicial y movilidad de la prestación, cuestionando la constitucionalidad de leyes 27.426 y 27.541, y la aplicación de índices de actualización.

¿Qué se resolvió?

la Cámara rechazó el recurso de la actora, confirmando la constitucionalidad de la normativa vigente y la validez de los índices de movilidad establecidos por el Congreso, además de revocar la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Este Tribunal consideró que la ley 27.426 y la ley 27.541 revalidaron la potestad del Congreso para fijar los índices de movilidad previsional, en línea con la doctrina del precedente “Elliff” y la jurisprudencia constitucional. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que “el Congreso Nacional en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables” (Fallos 341:1924). Además, la legislación sancionada en el contexto de emergencia económica, incluyendo la ley 27.541, fue considerada constitucional y ajustada a las potestades del Congreso en materia de seguridad social, sin vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La aplicación de índices como el INGR, RIPTE, y las pautas establecidas por las leyes fue considerada razonable, y no se evidencian irrazonabilidades ni arbitrariedades en su construcción. La jurisprudencia del máximo tribunal sostiene que “las leyes de emergencia son necesarias para remediar situaciones de gravedad y deben ejercitarse dentro de ciertos límites, sin afectar de manera sustancial los derechos constitucionales” (Fallos 302:1149). La decisión también destacó que la inconstitucionalidad de las normas en cuestión no está demostrada y que la normativa vigente respeta los principios constitucionales y la jurisprudencia consolidada.