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PEREZ, MAYRA AYLEN c/ OMINT ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

La Cámara de Apelaciones en lo Laboral confirmó la decisión de primera instancia respecto a la inconstitucionalidad de normas que prohíben la indexación y actualización monetaria en créditos laborales y laborales en casos de accidentes de trabajo. La sentencia dispuso la actualización del crédito con el IPC INDEC más una tasa del 3% anual, revocando las limitaciones legales y normativas previas.

Tasa de interes Actualizacion monetaria Intereses moratorios Inconstitucionalidad Declaracion de inconstitucionalidad Derechos constitucionales Inflacion Accidentes laborales Proteccion del credito laboral Ley 27.348


- Quién demanda: la parte actora (Mayra Aylen Pérez)

¿A quién se demanda?

OMINT ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento y actualización del porcentaje de incapacidad física y psíquica derivada de accidente laboral, y ajuste del interés y actualización del crédito.

¿Qué se resolvió?

la Cámara hizo lugar al recurso de apelación, modificando la fallo de grado para declarar la inconstitucionalidad de las normas que impedían la actualización monetaria del crédito laboral, y ordenó la actualización con IPC y una tasa del 3% anual. La decisión se fundamentó en la necesidad de evitar la licuación del crédito y garantizar la protección constitucional del derecho de propiedad y la función resarcitoria del crédito laboral. La Cámara consideró que las normas de las leyes 23.928, 25.561, y de la ley 24.557, en su forma actual, vulneran la Constitución Nacional y deben ser declaradas inconstitucionales. La sentencia también dispuso la imposición de costas a la demandada vencida y reguló honorarios profesionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara analizó las modificaciones legislativas y las sentencias de la Corte Suprema que reconocen la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación y actualización de créditos laborales. Se argumentó que la tasa de interés prevista en la ley 27.348 resulta insuficiente para compensar la pérdida del valor del crédito, y que la declaración de inconstitucionalidad de las normas restrictivas es necesaria para garantizar el derecho de propiedad y la protección constitucional. Se resaltó que la actualización mediante IPC más un 3% de interés cumple con la función de resguardar el valor del crédito en un contexto inflacionario y económico cambiante. La sentencia también abordó la facultad judicial de declarar la inconstitucionalidad de oficio, en defensa del orden constitucional y los derechos constitucionales vulnerados.

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