SCHULE, MARIA ALEJANDRA c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO
La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre haberes previsionales y ordenó su cese y devolución de las sumas retenidas, en línea con el precedente “García” de la CSJN y la doctrina vinculante. La Cámara confirmó la decisión, enfatizando la vulnerabilidad de los jubilados y la necesidad de un tratamiento diferenciado, pero en la apelación, el tribunal decidió confirmar la sentencia y mantener la declaración de inconstitucionalidad, reafirmando la legalidad del accionar de la AFIP en el marco de la normativa vigente.
¿Qué se resolvió en el fallo?
- La actora, María Alejandra Schule, demanda contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitando la declaración de inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias y la devolución de las sumas retenidas en su haber previsional.
- La demandada argumenta la legitimidad del tributo y la legislación vigente, rechazando la vía y la pretensión.
- El tribunal, en primera instancia, declaró la inconstitucionalidad de la norma y ordenó la cesación de los descuentos y la devolución de las sumas retenidas en los últimos cinco años, además de ordenar a la AFIP presentar la liquidación para el reintegro.
- La Cámara, en la apelación, confirmó la sentencia, argumentando que la doctrina del precedente “García” de la CSJN debe aplicarse y que la diferenciación en trato a los jubilados vulnerables debe ser interpretada en función de la vulnerabilidad concreta acreditada.
- La sentencia enfatiza que la legislación actual, en particular la ley 27.617, no reproduce en forma suficiente el tratamiento diferenciado que la CSJN estableció en “García”, y que la declaración de inconstitucionalidad debe limitarse a casos donde exista vulnerabilidad concreta y acreditada.
- Se ordena la devolución de las sumas retenidas desde los cinco años anteriores a la demanda, con interés de la tasa pasiva del BCRA, y se regulan costas y honorarios en línea con la jurisprudencia vigente y la complejidad del caso.
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