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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ESPINOSA, EXEQUIEL Y OTROS s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: ALONSO, LAURA Y OTROS

La Cámara Federal confirmó la condena de Claudio Miguel Fernández y otros por fraude en contratación pública, homologando la acuerdo de juicio abreviado y estableciendo penas de prisión condicional y multas, además de inhabilitaciones y sobreseimientos en otros casos.

Recurso de apelacion Defraudacion Prescripcion Funcionario publico Sobreseimiento Inhabilitacion Decomiso Juicio abreviado Responsabilidad penal Corrupcion en contratacion publica


¿Quién es el actor?

Estado Nacional, a través del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2

¿A quién se demanda?

Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle, Rodrigo Maximiliano Palacios, Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Responsabilidad penal por delitos de defraudación y violación de deberes de funcionarios públicos en el marco del concurso de precios COMB 03/2010, y solicitud de penas, decomiso y costas.

¿Qué se resolvió?

La Cámara homologó el acuerdo de juicio abreviado, condenó a los imputados a penas de prisión condicional, inhabilitaciones perpetuas, multas y reglas de conducta, declaró la prescripción de la acción penal respecto de Argañaraz, Mazzola y Giovachini, y sobreseyó a estos en orden a los hechos. Además, dispuso el decomiso de bienes y las costas del proceso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia afirmó la materialidad del hecho y la calificación legal como defraudación en perjuicio de la administración pública, en virtud de la actuación coordinada y responsabilidad de los imputados, que incumplieron deberes funcionales en la contratación irregular. Se valoró la confesión, las pruebas documentales y testimoniales, y se consideró la gravedad del procedimiento irregular y el interés público en sancionar estos hechos. La modificación del encuadre legal de algunos imputados a art. 248 del CP se justificó por la naturaleza de sus conductas y la normativa aplicable. La prescripción de la acción respecto de Argañaraz, Mazzola y Giovachini se fundamentó en el paso del tiempo desde los hechos y la condición de funcionarios públicos en el momento del delito.

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