GALEANO, MAXIMILIANO FABIAN c/ ART INTERACCION S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
La sentencia declara la inconstitucionalidad de las leyes 24.557, 26.773, 24.432 y normas complementarias, y condena a la aseguradora a abonar una suma de $267.694,75 por prestaciones laborales, con actualización e intereses, considerando la inconstitucionalidad del sistema de indexación y actualización monetaria vigente. La decisión también reconoce la responsabilidad del asegurador en el accidente y la relación causal con las secuelas del trabajador, determinando una incapacidad del 22,14%. Además, se rechazan los planteos respecto a la constitucionalidad del decreto 70/23 y se aplica la normativa vigente en materia de intereses, en un contexto de inflación elevada, ajustando la condena desde la fecha del accidente y estableciendo intereses del 6% anual. La sentencia fundamenta que las normas impugnadas resultaron inconstitucionales por ser violatorias del artículo 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, por su carácter discriminatorio y por no responder a un criterio de razonabilidad, en atención a la realidad económica actual.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El actor, Maximiliano Fabián Galeano, demanda a la ART Interacción S.A. por las prestaciones dinerarias, gastos médicos y rehabilitación derivados de un accidente in itinere ocurrido el 17/7/2015, que le causó secuelas físicas y psicológicas. La sentencia reconoce la responsabilidad de la aseguradora, la relación causal, y fija una incapacidad del 22,14%, calculando una indemnización total de $267.694,75. Se declara la inconstitucionalidad de leyes que limitan la reparación integral, en particular la exclusión de accidentes in itinere y la prohibición de actualización monetaria, por ser discriminatorias y violatorias de derechos constitucionales. Además, se rechazan los planteos relacionados con la constitucionalidad del decreto 70/23 y se establecen intereses en línea con la inflación y la realidad económica del país. La sentencia fundamenta que la normativa vigente en materia de indexación y actualización resulta inconstitucional y que la reparación debe ajustarse a la realidad económica del momento, en virtud del principio de razonabilidad y la protección del derecho de propiedad del trabajador.
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