REGNAULT GUSTAVO ALBERTO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO
La demanda busca el reconocimiento del derecho a la liquidación de la bonificación por antigüedad en un 3% por todos los años laborados. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a la demanda y ordenó la liquidación conforme a la ley 10.944 de 1990, condenando a la demandada a pagar las sumas adeudadas con intereses.
¿Quién es el actor?
Gustavo Alberto Regnault.
¿A quién se demanda?
Ministerio de Seguridad y Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento del derecho a que se liquide la bonificación por antigüedad en un 3%, incluyendo retroactivos, intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar a la demanda y se ordena el pago de las sumas adeudadas, con intereses, por la reducción en el porcentaje de bonificación por antigüedad aplicada desde 1996 hasta 2006, por considerar inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905 y decreto 240/96 que modificaron dicho porcentaje.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El tribunal sostuvo que las normas cuestionadas implicaron una reducción salarial que vulnera la protección constitucional de la progresividad y la irretroactividad de los derechos laborales. Se recordó que la ley 10.944 de 1990 garantizaba un 3% por año de antigüedad, que fue reducido a un 1% en 1997 y posteriormente a un 2% en 2005, sin que estas modificaciones tuvieran carácter temporario o excepcional, violando el principio de progresividad. Además, se precisó que las leyes y normativas que redujeron el porcentaje de bonificación por antigüedad fueron inconstitucionales, al tratarse de una medida regresiva y que afectó derechos adquiridos. La sentencia también analizó la constitucionalidad del decreto 240/96, concluyendo que su aplicación fue ilegítima al contraponerse a la protección de la igualdad y a la protección de los derechos adquiridos, y que la diferenciación por nivel salarial no es suficiente para justificar la exclusión de jueces y magistrados. Finalmente, se rechazó la prescripción alegada por la demandada, por tratarse de un hecho continuado.
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