SANCHEZ VERA GABRIELA VIVIAN Y OTROS C/ PODER JUDICIAL-PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La demandante, Gabriela Vivian Sánchez Vera y otros actores, demandan al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el reconocimiento y pago de la bonificación por antigüedad en un 3%, alegando que las normas que la redujeron o eliminaron son inconstitucionales.
- La parte demandada, en su contestación, sostiene que las modificaciones normativas no vulneran derechos constitucionales, que las reducciones fueron legales y justificadas, y que no hay violación al principio de igualdad o progresividad, además de oponer prescripción.
- La sentencia analiza la historia normativa que regula la bonificación por antigüedad desde 1996, concluyendo que las normas cuestionadas implicaron una reducción salarial, vulnerando principios constitucionales de igualdad y progresividad, ya que no se configuró situación de emergencia ni temporalidad razonable, y que la disminución tuvo carácter definitivo.
- Se destaca que la reducción de la bonificación del 3% a porcentajes menores, y su prolongación en el tiempo más allá de lo razonable, constituye un retroceso en derechos adquiridos, incompatible con la protección constitucional.
- La sentencia también aborda la inconstitucionalidad del decreto 240/96 por tratar de excluir injustamente a los magistrados y cargos asimilables, así como la aplicación del principio de igualdad, señalando que todos los dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20 no deben ser tratados igual, sino que la diferencia radica en la cualidad de magistrado.
- Reconoce la existencia de acciones de inconstitucionalidad respecto a leyes que modificaron la bonificación, y recuerda la jurisprudencia que limita las reducciones salariales en contextos de excepcionalidad y temporalidad.
- Se rechaza la prescripción total, argumentando que el hecho de que las diferencias se sigan abonando en menor cuantía o no se paguen en algunos años, hace que la acción sea continuada y no prescribible.
- Finalmente, se ordena el pago de las sumas devengadas con intereses, la condena en costas a la demandada, y la regulación futura de honorarios.