PELAGALLI ADRIANA NOEMI C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Adriana Noemi Pelagalli, demanda al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para que se le reconozca el derecho a que se le liquide una bonificación por antigüedad del 3% por cada año de servicios, considerando todos los años laborados. La defensa sostiene que las modificaciones normativas que redujeron temporalmente el porcentaje de bonificación no vulneran derechos constitucionales, ya que las leyes y decretos en cuestión no implicaron una supresión de derechos adquiridos, sino ajustes en un marco legal válido y razonable. La Cámara considera que las modificaciones en las leyes 11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 13.354 y el decreto 240/96 implicaron una reducción salarial, en tanto excluyeron a los magistrados de dichas medidas, en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones. La jurisprudencia del máximo tribunal nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, establecen que la reducción de salarios debe cumplir ciertos requisitos, como ser en situaciones excepcionales y temporales, lo cual en este caso no se cumple, dado que la reducción se mantiene desde 1996 sin una declaración de emergencia y por un período prolongado. La doctrina también reconoce que el principio de progresividad y no regresividad en derechos laborales impide retrocesos que afecten derechos adquiridos o consolidado el derecho a un porcentaje mayor (3%) en 1995. La normativa posterior, además, busca restituir los derechos de la actora, y la ley de proyecto parlamentario de 2014, proponía volver al porcentaje del 3%, reforzando la idea de que las modificaciones anteriores constituyen un retroceso inconstitucional. Por todo ello, el tribunal concluye que las medidas que redujeron la bonificación por antigüedad violaron derechos constitucionales y deben ser dejadas sin efecto, ordenando el pago retroactivo y el reconocimiento del porcentaje del 3%. Se rechaza la excepción de prescripción alegada y se ordena el pago de intereses a tasa del 6% desde cada devengamiento.