LOPEZ HUGO ALBERTO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

Hugo Alberto Lopez

¿A quién se demanda?

Ministerio De Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a la bonificación por antigüedad en un 3% para todos los años de servicio, retroactivo, y declaración de inconstitucionalidad de leyes y decretos que dispusieron porcentajes menores o su eliminación.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905 y sus similares, y del decreto 240/96, ordenando el pago retroactivo con intereses. La sentencia fundamenta que las medidas implicaron una reducción salarial y vulneraron el principio de progresividad y la garantía constitucional de intangibilidad salarial, además de violar la igualdad. La reducción prolongada por 9 años sin justificación excepcional y sin carácter temporario, constituye un retroceso incompatible con los derechos adquiridos y la protección constitucional. Se rechaza la prescripción alegada por la demandada, considerando el carácter continuado del hecho.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La cuestión que ahora se discute, tuvo como inicio la ley 11.739, de presupuesto para el año 1996, cuyo artículo 42 estableció 'que el año 1996 no será computado para acreditar antigüedad... en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario...'. La ley 11.905 dispuso un porcentaje fijo del 1% en 1997, que se mantuvo en leyes subsiguientes, y se elevó al 2% en 2005, con posterior reforma en 2006 que fijó un 3%. Estas modificaciones, en particular las reducciones y su prolongada vigencia, implicaron una disminución de haberes, afectando derechos adquiridos y vulnerando el principio de progresividad. La protección constitucional del principio de progresividad, especialmente en la provincia de Buenos Aires, impide retrocesos en derechos laborales ya conquistados. La reducción de la bonificación en un 3% en 1996, sugiere un retroceso, que es incompatible con la cláusula de igualdad y la protección constitucional." "El Estado puede reducir salarios en situaciones excepcionales, pero en este caso no se configuraron ni emergencia ni carácter temporario, y la prolongación de la disminución por 9 años viola la protección constitucional. La jurisprudencia de la CSJN y la SCBA establece que las reducciones permanentes y sin carácter excepcional son inconstitucionales, y que las medidas regresivas