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MIÑO, MACARENA SOLEDAD c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y/O CONTRA QUIEN/ES RESULTE/N RESPONSABLES s/AMPARO LEY 16.986

La Cámara Federal de Corrientes confirmó la sentencia que dejó sin efecto el traslado de la actora, considerando que la decisión administrativa era arbitraria y vulneraba derechos constitucionales, especialmente el interés superior del niño y derechos de personas vulnerables.

Arbitrariedad Recurso de apelacion Interes superior del nino Vulnerabilidad Derechos humanos Derechos constitucionales Amparo Traslado Discrecionalidad administrativa Prefectura naval.


- Quién demanda: Macarena Soledad Miño (actora)

¿A quién se demanda?

Prefectura Naval Argentina (demandada)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La nulidad del acto administrativo que dispuso su traslado a la Prefectura Rosario, por considerarlo arbitrario y que vulnera derechos constitucionales, incluyendo el interés superior del niño y derechos de personas mayores y con discapacidad.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo, dejando sin efecto la disposición de traslado, por entender que la decisión administrativa fue irrazonable, desproporcionada y vulneró derechos fundamentales, particularmente en atención a las circunstancias particulares de la actora y su núcleo familiar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El acto administrativo que dispuso su traslado a otra localidad fue dictado sin la debida motivación ni consideración de las circunstancias particulares que rodean el caso, presentándose como una decisión irrazonable y desproporcionada, que coloca en riesgo cierto y evidente los derechos fundamentales invocados por la amparista." "El análisis integral de la prueba, incluyendo diagnósticos de salud mental, situación familiar y la vulnerabilidad de la actora, evidencia que la decisión administrativa afecta derechos constitucionales y derechos de grupos especialmente protegidos, como niños, personas mayores y personas con discapacidad." "El control judicial sobre la discrecionalidad administrativa permite verificar la razonabilidad y legalidad del acto, y en este caso, la decisión fue arbitraria, vulnerando el principio de protección integral y derechos humanos."

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