GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA BEREZOVSKY RUBEN FRANCISCO SOBRE EJECUCION FISCAL - INGRESOS BRUTOS
La Cámara Superior de Justicia rechazó la queja por inconstitucionalidad presentada contra la resolución que confirmó la validez del procedimiento policial y la condena por tenencia de arma de fuego sin autorización en el caso Borrego y Campoy. La decisión se fundó en la valoración razonable de la prueba y la legalidad del procedimiento.
- Quién demanda: La Defensora General y la Defensora Adjunta en lo Penal en nombre de Joaquín Adriano Borrego y Campoy.
- A quién se demanda: La decisión de la Sala I que confirmó la condena y negó la nulidad del procedimiento policial.
- Qué se reclama: La inconstitucionalidad del procedimiento policial, la nulidad del procedimiento y la vulneración de derechos constitucionales, incluyendo la legalidad del acta, la valoración de pruebas, y garantías del debido proceso y defensa.
- Qué se resolvió: La Cámara rechazó la queja por considerar que no se demostraron cuestiones constitucionales o de arbitrariedad que justificarán su revisión, manteniendo la validez del proceso y la condena.
- Fundamentos principales:
La Sala consideró que el planteo de ilegalidad del procedimiento, centrado en la requisa sin orden judicial y la valoración probatoria, no demostraba una arbitrariedad insostenible, ya que la valoración de las circunstancias que justificaron la actuación policial fue razonable y fundada en la situación de flagrancia y urgencia.
Los jueces analizaron que la valoración de la prueba producida, incluyendo la declaración del preventor y la identificación del arma, fue adecuada y no arbitraria.
La defensa no logró demostrar que la sentencia fuera manifiestamente irrazonable, en particular respecto a la legalidad del procedimiento y la valoración de las pruebas.
La resolución enfatizó que la revisión de cuestiones de hecho y prueba, en este nivel, excedía la competencia del tribunal superior, y que la resolución no evidenciaba arbitrariedad o vulneración constitucional.
La valoración conjunta de los hechos en el marco de la causa justificaba la validez del procedimiento policial.
La sentencia también abordó aspectos procesales, como la oportunidad del planteo y la falta de demostración de arbitrariedad constitucional.
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