DMDP Y OTRO S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN DMDP CONTRA GCBA SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES - AMPARO - GENERICO

- Actor: DMDP (en representación de sus hijos menores) y MAM, demandantes en una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar su derecho a una vivienda adecuada.
- Demandado: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
- Objeto: Solicitar la prestación de asistencia habitacional adecuada a los actores y la declaración de inconstitucionalidad de las normativas y decisiones que restringieron el acceso a dicha ayuda.
- Decisión: El Tribunal admitió la queja y el recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que rechazó la demanda por falta de anclaje en CABA y ordenó que se dicte un nuevo fallo por jueces distintos, por considerar que la resolución de la Cámara incurrió en exceso jurisdiccional y vulneró derechos constitucionales.
- Fundamentos principales: La Cámara al fundamentar el rechazo basó su decisión en que los actores no residían en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual excedió el alcance del reenvío judicial y del marco de revisión constitucional. La jurisprudencia del Tribunal sostiene que el derecho a la vivienda tiene carácter de derechos de contenido y exigibilidad amplios, y que la evaluación de la situación habitacional debe realizarse desde una perspectiva de protección progresiva y efectiva, sin limitarse estrictamente a la residencia en CABA. La decisión de la Cámara, al fundamentarse en requisitos de residencia, vulneró derechos constitucionales y convencionales, además de exceder el alcance del reenvío judicial. La sentencia remarcó que corresponde al Estado demostrar que empleó el máximo de recursos disponibles y no a los actores acreditar su situación de emergencia. La omisión del GCBA en acreditar acciones concretas para garantizar el derecho fue considerada como incumplimiento de sus obligaciones. El fallo enfatizó que la protección del derecho a la vivienda debe ser efectiva y que las resoluciones judiciales deben ajustarse a los principios constitucionales y de derechos humanos, sin limitarse a criterios restrictivos de residencia o formalismos.