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LEDESMA HECTOR C/ PROVINCIA ART S.A. S/ RECURSO CONTRA DECISION COMISION MEDICA JURISDICCIONAL. LEY 14997

La Cámara de Apelación en lo Laboral del Tribunal del Trabajo Nº 7 de San Isidro resuelve la apelación del actor y confirma la condena a la aseguradora por la suma de $10.437.327, en línea con la liquidación y actualización del monto por la ley de riesgos del trabajo.

Danos y perjuicios Recurso de apelacion Indemnizacion Pericia medica Incapacidad laboral Actualizacion monetaria Riesgos del trabajo Constitucionalidad Sentencia confirmada Ley 24.557

¿Qué se resolvió en el fallo?

Héctor Ledesma demanda a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. tras cuestionar la incapacidad determinada en sede administrativa por un siniestro laboral ocurrido el 18/02/18, reclamando la cobertura integral y una mayor indemnización. La causa tramita en el Tribunal del Trabajo Nº 7, donde se analizan antecedentes, pericia médica y los agravios del actor. La sentencia de primera instancia, tras considerar la incapacidad del 18.2% y las secuelas físicas y psíquicas, condena a la demandada a pagar dicha suma, actualizada y con intereses. La Cámara confirma esta decisión, rechazando los planteos de inconstitucionalidad y manteniendo el monto indemnizatorio, en línea con los criterios de actualización monetaria y la normativa vigente. Fundamentos principales: "De acuerdo con la pericia médica obrante en autos y los principios de sana crítica, se concluye que el actor presenta una incapacidad del 13,7% por secuelas físicas, y un 4,5% adicional por incapacidad psíquica, totalizando un 18,2% de incapacidad permanente. La valoración del perito fue cuestionada por el actor, quien alegó lesiones adicionales y secuelas no consideradas, pero el tribunal sostiene que la pericia fue exhaustiva y suficiente para determinar la incapacidad. Además, se reconoce que el ingreso base mensual al momento del siniestro era de $17.667,60, que con la actualización posterior, alcanza los $624.252, y que la suma a pagar debe ajustarse conforme a los índices oficiales y la jurisprudencia del Superior Tribunal, incluyendo la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y la aplicación del RIPTE para actualización de la indemnización. La decisión se fundamenta en la normativa de riesgos del trabajo, la jurisprudencia y los principios de reparación integral, que justifican la suma de $10.437.327."

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