ACEVEDO BRAIAN LEONEL Y OTROS C/ GALENO ART S.A. Y OTRO/A S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

¿Qué se resolvió en el fallo?

El tribunal analiza la demanda presentada por Silvana Lorena Rivero y otros familiares por la muerte de Hugo Acevedo, trabajador de Reginald Lee S.A. asegurado ante Galeno ART S.A., ocurrida el 8/9/2022. La actora sostiene que el fallecimiento ocurrió en cumplimiento de sus funciones laborales, y solicita la declaración de accidente de trabajo y reparación integral. La defensa de las demandadas niega responsabilidad, argumentando que el deceso fue un suicidio no vinculado al trabajo y que no existen incumplimientos en las medidas de seguridad. El tribunal encuentra probado que Acevedo sufrió agresión previa por parte de un delegado gremial, lo cual generó un ambiente laboral hostil y alteró su estado emocional. La autopsia concluyó que la muerte fue por herida cortante compatible con suicidio. La investigación penal y pericial concluyeron que no hubo indicios de intervención de terceros y que la hipótesis más probable fue suicidio, sin relación causal directa con la actividad laboral. Sin embargo, el tribunal considera que, por las circunstancias particulares, el suicidio puede encuadrarse como accidente de trabajo, atendiendo al contexto de violencia laboral y hostil que lo rodeó. El tribunal además analiza la responsabilidad civil y la actualización del ingreso base mensual, declarando la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 12 de la Ley 24.557, y ordena la actualización conforme al índice RIPTE hasta la fecha de pago. La condena se fija en $336.230.450, con intereses y costas a cargo de Galeno ART S.A., y se regula el pago en cuenta bancaria. Se rechazan los reclamos por reparación civil adicional y por responsabilidad objetiva o subjetiva de las demandadas, dado que no se acreditaron incumplimientos de deberes de seguridad o causalidad suficiente. El fallo destaca la importancia de la protección del trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional y la necesidad de que las normas de actualización sean compatibles con los derechos constitucionales y la realidad inflacionaria. La sentencia también regula honorarios y costas.