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GOMEZ JORGE ARIEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ AMPARO POR MORA

La Justicia ordena a la Provincia de Buenos Aires cumplir con la mora en la expedición de acto administrativo, condenando a la autoridad a expedirse en 15 días por acción de amparo. La sentencia fundamenta la importancia de garantizar el pronto despacho y el respeto a la garantía del debido proceso.

Debido proceso Derechos constitucionales Accion de amparo Amparo por mora Plazo administrativo Sentencia condenatoria Responsabilidad de la administracion Incumplimiento administrativo Ley 7.647/70 Expedicion de acto

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Jorge Ariel Gómez, demanda a la Provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Seguridad por incumplimiento en la expedición de un acto administrativo solicitado el 13/11/2023, promoviendo una acción de amparo por mora. La autoridad demandada no aportó el informe requerido y el plazo para responder había vencido, vulnerando los plazos administrativos establecidos en la ley de procedimiento administrativo provincial, Decreto-ley nº 7.647/70. La sentencia destaca que el proceso especial del art. 76 del CCA se limita a determinar si hubo mora en la administración, siendo improcedente pronunciarse sobre aspectos de fondo. El tribunal señala que la finalidad del amparo por mora es obtener un pronto despacho, y que la ley establece que la administración debe impulsarse de oficio y evitar retrasos, siendo responsable por incumplimientos. La documentación y plazos evidencian que la demandada incumplió sus obligaciones, por lo que se hace lugar a la acción, condenando a la provincia a expedirse en 15 días. Se resalta que la demora viola la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a una resolución fundada y oportuna. El fallo manifiesta: "la ley y los principios administrativos establecen la obligación de la administración de resolver en plazo, siendo su incumplimiento un acto irregular que perjudica la eficacia del acto administrativo y la tutela del derecho del particular". Se impone además el pago de costas a la demandada y se regula honorarios profesionales.

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