CREDIL SRL C/ BRAVO SANDRA S/ COBRO EJECUTIVO

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demandante Credil SRL inicia un proceso ejecutivo contra Sandra Bravo por el cobro de $140.000, monto que surge del pagaré y el contrato de mutuo, en una operación calificada como crédito para consumo. La jueza considera que, tras verificar la documentación, se cumplen los requisitos del art. 36 ley 24.240 para la vía ejecutiva, y que el deber de información del consumidor fue parcialmente cumplido. La sentencia reconoce la validez del pagaré en tanto documento autónomo y establece que los intereses compensatorios y punitorios deben calcularse conforme a la normativa, sin aplicar el reajuste por desvalorización monetaria, por prohibición legal. Se ordena el pago del capital y los intereses, y se diferencian los honorarios y gastos del proceso, manteniendo la legalidad y la protección del consumidor. La decisión se basa en la doctrina del carácter abstracto y autónomo del pagaré, la protección constitucional del derecho a la información y la normativa protectoria del consumidor, en particular la Ley 24.240 y sus modificatorias. La jueza destaca que, si bien la documentación aporta los datos necesarios, el deber de información fue parcialmente satisfecho, y que la omisión en algunos aspectos no afecta la validez del título, pero sí la cuantificación del monto debido. La desestimación del reajuste por desvalorización monetaria se fundamenta en la ley 23.928 y la ley 25.561, que prohíben la indexación de créditos, y que su aplicación judicial generaría desigualdad. La ejecución continúa hasta el pago total, con los intereses pactados y en los límites establecidos.