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GIMENEZ, AGUSTINA C/ CASTAGNARO, GUSTAVO DANIEL S/ LABORAL S/ SENTENCIASDEFINITIVAS ORDINARIO

La Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Entre Ríos revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y condena a la empleadora a pagar los rubros por arts. 8 y 15 de la Ley 24.013, art. 2 de la Ley 25.323 y art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, además de costas y honorarios, fundamentando que la ley 27.742 no afecta derechos adquiridos por la relación laboral en curso.

Derecho laboral Ley 24.013 Ley 25.323 Ley 25.345 Ley 27.742 Indemnizacion Derechos adquiridos Vigencia de leyes Proteccion del derecho adquirido Sentencia de apelacion.


- La actora, Agustina Giménez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia que desestimó sus reclamos por los rubros previstos en arts. 8 y 15 de la Ley 24.013, art. 2 de la Ley 25.323 y art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), invocando que la ley 27.742, vigente desde el 9/7/2024, no debe aplicarse retroactivamente a derechos ya devengados.
- La empleadora, Gustavo Daniel Castagnaro, argumentó la deserción de la apelación y rechazó los reclamos.
- La Cámara analizó la vigencia de las leyes en relación con los derechos adquiridos y concluyó que los efectos jurídicos del reclamo, en particular los derivados del incumplimiento del deber de entrega del certificado de trabajo, se produjeron bajo la vigencia de la ley 25.345, que en su momento establecía una indemnización tarifada.
- El tribunal citó jurisprudencia constitucional y Suprema que sostiene que los derechos adquiridos no deben ser afectados por leyes posteriores y que la aplicación de la ley 27.742 no puede modificar derechos ya devengados.
- En cuanto a la naturaleza de la indemnización prevista en el art. 80, LCT, el tribunal afirmó que no se trata de una sanción penal, sino de una reparación por incumplimiento de una obligación laboral, con finalidad disuasoria y sancionadora en el ámbito del Derecho Laboral.
- La decisión revoca la sentencia de primera instancia en los aspectos que desestimaron los rubros, y condena a la empleadora a pagar los montos correspondientes, con costas y honorarios que se fijan en el 50% de los estimados en sede inicial.

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