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SACCHI, EDGARDO DANIEL s/ ROBO CALIFICADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL

La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó la decisión que rechazó el acuerdo abreviado en la causa por delitos relacionados con robo y tenencia ilegal de armas, argumentando la falta de fundamentación razonable y la irrazonabilidad del acuerdo en relación con la gravedad de los hechos y las penas comparadas.

Apelacion Proporcionalidad Irrazonabilidad Derechos de las victimas Procedimiento abreviado Gravedad de hechos Homologacion de acuerdos Fundamentacion de penas Sistema penal de santa fe Inhabilitacion para portar armas.

Actor: La Defensa de Edgardo Daniel Sacchi y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Demandado: La resolución del Magistrado de primera instancia, Dr. Álvaro Campos, que rechazó el acuerdo abreviado. Objeto: La homologación del procedimiento abreviado con la condena propuesta, que incluía 3 años de prisión efectiva, 6 años de inhabilitación para portar armas y reparación económica de $50.000. Decisión: La Cámara confirmó la resolución de rechazo, sosteniendo que el acuerdo presentado carecía de fundamentación razonable y que la pena acordada, en comparación con otros casos similares, resultaba irrazonable y desproporcionada, especialmente respecto a la gravedad de los hechos y la participación del imputado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal analizó la jurisprudencia y doctrina aplicables, destacando que los acuerdos abreviados deben ser homologados por el juez, quien debe verificar su razonabilidad y fundamentación. Se constató que en la presentación del acuerdo no se aportaron fundamentos sólidos respecto a la pena propuesta, y que su cuantía no guardaba relación con los hechos gravísimos y la escala penal. La comparación con otros casos, la gravedad de los hechos y las circunstancias del imputado, evidencian que el acuerdo resulta irrazonable y que su homologación implicaría una lesión al principio de igualdad y seguridad jurídica. Además, se resaltó que la propuesta de penas mínimas y la imposición de inhabilitación para portar armas, en un contexto de violencia y delitos graves, no se ajusta a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la normativa y la jurisprudencia.

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