GONZALEZ, PAMELA JOANA c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ RESOLUCION s/ INCIDENTES

- Quién demanda: Pamela Joana González (trabajadora)

¿A quién se demanda?

La Segunda ART S.A. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago total de honorarios a profesionales y auxiliares de justicia, y rechazo del tope del art. 730 del CCyCN en el contexto de costas procesales, en virtud de que la norma limita indebidamente el monto a pagar por la condenada, afectando derechos constitucionales y el acceso a la justicia.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar al recurso de la demandada y declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 730 de la ley 26.944, por considerar que su aplicación en el caso concreto resulta incompatible con principios constitucionales y el derecho a una reparación integral. Se ordenó que las costas de la instancia sean por su orden y se fijaron honorarios en el 50% de los regulados en primera instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

- La norma impugnada limita el pago de costas a un porcentaje del monto total, lo que en este caso, con base en la incapacidad y la condena, resulta en que la trabajadora deba afrontar una parte significativa de los gastos, afectando su acceso a la justicia y violando principios constitucionales.
- Se argumenta que la aplicación del art. 730 del CCyCN en este caso contraría la finalidad de disminuir costos judiciales y facilitar acceso a la justicia, pues beneficia a la parte condenada (la ART) en detrimento de la parte más débil (la trabajadora).
- La norma, en su aplicación, viola la seguridad jurídica y la cosa juzgada, ya que modifica la distribución de costas en una sentencia firme, y afecta derechos constitucionales como el derecho a una reparación integral y a la propiedad.
- La jurisprudencia y doctrina citada respaldan que la norma no debe aplicarse en casos en que la parte vencida es la trabajadora, especialmente cuando su situación de vulnerabilidad se ve agravada, y que su aplicación en este caso resulta inconstitucional.
- La sentencia también señala que la norma impugnada no tiene un carácter meramente procesal, sino que afecta derechos sustantivos, por lo que su inconstitucionalidad debe ser declarada.