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B., P. V. c/ ASOCIART ART S.A. -SENTENCIAS ENFERMEDADES DEL TRABAJO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Corte Suprema de Santa Fe admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad contra una resolución de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, argumentando que la decisión judicial vulneró derechos constitucionales y principios jurisprudenciales en materia de incapacidad laboral.

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- Quién demanda: La actora (trabajadora afectada)

¿A quién se demanda?

La resolución de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de inconstitucionalidad de la decisión que redujo su porcentaje de incapacidad y negó la actualización de su crédito por inflación, alegando violación de derechos constitucionales y garantías, además de cuestionar la fundamentación del fallo.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe admitió la queja y concedió el recurso de inconstitucionalidad, ordenando que se eleven los autos principales para su trámite correspondiente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Corte consideró que la impugnante presentó "prima facie" un argumento suficiente que evidencia una posible vulneración de derechos constitucionales, en particular por la afectación del derecho a una reparación justa y equitativa, y por la posible arbitrariedad en la fundamentación de la Cámara de apelación. Se valoró la gravedad de la situación de violencia y daños psíquicos denunciados por la trabajadora, así como la discrepancia entre la incapacidad reconocida en primera instancia (20%) y la reducida por la tribunal de alzada (12%), sin una fundamentación suficiente. La jurisprudencia invocada y los antecedentes citados sustentan la necesidad de revisar los argumentos del fallo cuestionado. La decisión del tribunal de alzada, en su análisis, omitió considerar la totalidad de las pruebas y evidencias que vinculaban el daño psicológico y la violencia laboral con la incapacidad alegada, además de aplicar un criterio que no guarda proporción con la realidad económica del caso, afectando garantías constitucionales de la actora.

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