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ACOSTA, AURELIANO RAUL c/ SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO -OTRAS DILIGENCIAS- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe admite la queja y concede el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, por considerar que el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 19 inc. 5 del Decreto 334/96 vulnera derechos constitucionales y doctrinas jurisprudenciales relevantes.

Recurso de queja Inconstitucionalidad Jurisprudencia Derechos economicos Recursos extraordinarios Fondo de garantia Santa fe Control constitucional Intereses excluidos Decreto 334/96

¿Qué se resolvió en el fallo?

Quién demanda (Actor): La parte actora (demandante) en autos "Acosta, Aurelio Raúl contra Superintendencia de Riesgo de Trabajo" A quién se demanda (Demandado): La Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario Qué se reclama (Objeto de la demanda): La declaración de inconstitucionalidad del art. 19 inc. 5 del Decreto 334/96 y la revisión de la sentencia que revocó dicha declaración, por considerarla dogmática, omisa y confiscatoria en relación a la exclusión de intereses, costas y gastos causídicos del Fondo de Garantía. Qué se resolvió (Decisión del tribunal): La Corte Suprema admite la queja, concede el recurso de inconstitucionalidad y ordena la elevación de los autos principales para su trámite correspondiente. Fundamentos principales de la decisión: "El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora es admisible, ya que la resolución de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, al revocar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 19 del Decreto 334/96, vulnera derechos constitucionales y doctrinas jurisprudenciales que protegen la igualdad y la protección de derechos económicos. La denegación del recurso por la Sala de la Cámara, sin analizar los planteos específicos sobre la naturaleza confiscatoria y el despojo económico que implican las disposiciones reglamentarias, configura una vulneración del acceso efectivo a la justicia constitucional. La jurisprudencia nacional ha sostenido que la normativa reglamentaria que excluye intereses, costas y gastos del Fondo de Garantía puede ser inconstitucional, como lo consideró el Procurador de la Corte de la Nación en la causa 'Ponce de León' y la Corte Suprema ha señalado en diversos precedentes que la protección de derechos constitucionales requiere un control estricto de las normas reglamentarias en materia de derechos económicos." Incluyen además citas a precedentes jurisprudenciales relevantes y hacen énfasis en la necesidad de protección constitucional en materia de derechos económicos y la naturaleza confiscatoria de la normativa cuestionada.

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