RODRIGUEZ, DANIEL MAURICIO c/ LA SEGUNDA ART S.A. -SENTENCIA ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La parte actora, Daniel Mauricio Rodriguez, demandó a La Segunda ART S.A. por la percepción de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente originada en un accidente "in itinere" ocurrido el 15/05/2014, en un hecho que fue objeto de investigación penal.
- La aseguradora contestó la demanda negando los hechos, denunciando fraude y solicitando la suspensión del trámite hasta que se resolviera la causa penal, invocando la prejudicialidad penal.
- El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, considerando que la inactividad en la causa penal, desde 2017, constituía una excepción a la prejudicialidad penal, y ordenó el pago de las prestaciones.
- La Cámara de Apelación confirmó dicha resolución, fundamentando que la interpretación de la normativa y la valoración probatoria eran razonables, y que la demora en la causa penal no alteraba la validez del fallo, ya que la constancia del estado procesal no demostraba un avance suficiente que justificara la suspensión.
- La aseguradora interpuso recurso de inconstitucionalidad, alegando que la decisión vulneraba garantías constitucionales, particularmente el acceso a la justicia y la fundamentación, por omitir resolver sobre el hecho nuevo y la suspensión del proceso.
- La Corte Provincial, tras analizar la admisibilidad del recurso, concluyó que los agravios no resultaban suficientes para configurar una arbitrariedad o vulneración constitucional, dado que la resolución apelada se fundamentó en interpretación razonable de las normas y en la valoración de las constancias, y que la demora en la causa penal no constituyó un hecho que habilitara la revisión constitucional.
- Por ello, declaró la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, con costas a la parte vencida.
- La sentencia enfatiza que la discrepancia acerca de la valoración probatoria no constituye en sí misma un acto arbitrario ni vulnera garantías constitucionales y que la decisión judicial fue fundada en una interpretación jurídica posible y en el contexto de la causa.