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BARRERO RIJO WILLIAM WILSON C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

La sentencia determina la condena a la ART por incapacidad laboral y actualiza la indemnización conforme a la jurisprudencia y principios constitucionales y sociales. La Cámara confirma la decisión que condena a la demandada a pagar $3.802.803 por daños y perjuicios derivados del accidente laboral.

Incapacidad laboral Accidente de trabajo Inconstitucionalidad Responsabilidad de art Actualizacion salarial Ley 27348 Indice ripte Ley 24557 Ley 26773 Reparacion laboral

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte actora, William Wilson Barrero Rijo, demandó a la Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por las secuelas derivadas de un accidente laboral ocurrido el 28.12.20, que le provocó amputación en dedo de mano izquierda y una incapacidad física del 4.01%, además de la existencia de preexistencia del 8,5%. La sentencia de primera instancia reconoció la incapacidad y condenó a la ART al pago de una suma de $3.802.803, actualizada con índices RIPTE, considerando además la inconstitucionalidad sobreviniente de leyes relacionadas. La decisión se fundamentó en la valoración de la incapacidad física a partir de pericias médicas y en la aplicación del esquema legal vigente, priorizando la realidad del caso y la protección del trabajador. El tribunal rechazó las defensas de inconstitucionalidad y confirmó la liquidación, destacando la importancia de que la justicia social y la humanización en las decisiones judiciales sean principios rectores. La sentencia enfatiza que el juez debe actuar con sentido proyectivo y en armonía con los valores constitucionales, garantizando la reparación integral en casos de accidente de trabajo, y que la aplicación del índice RIPTE desde la fecha del siniestro hasta la sentencia es constitucional y necesaria para evitar la depreciación del daño. La condena incluye el pago en plazo de diez días, intereses y costas, con regulación de honorarios y mecanismos de pago seguros y transparentes. La decisión reafirma la función del juez como garante del bien común y del equilibrio social, en línea con doctrinas constitucionales y sociales.

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