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SCANSELA FABIAN JESUS C/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL

La sentencia declara la procedencia de la demanda por enfermedad profesional de COVID-19, condenando a GALENO ART a pagar una indemnización por incapacidad permanente parcial y adicional, fundamentándose en la acreditación de la relación laboral, la contingencia, y los informes periciales que establecen la incapacidad y su relación causal. La resolución también rechaza inconstitucionalidades y plantea la constitucionalidad de las normas aplicadas, estableciendo intereses y costas.

Costas Honorarios Prueba pericial Incapacidad permanente parcial Covid-19 Ley 24.557 Ley 26.773 Doctrina constitucional Inconstitucionalidad dnu 669/19 Indemnizacion enfermedad profesional

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, FABIAN JESUS SCANSELA, demanda a GALENO ART por enfermedad profesional derivada de COVID-19, solicitando indemnización por incapacidad permanente parcial y pago único adicional. La parte actora alegó la relación laboral, la contingencia y su conocimiento en septiembre de 2020. La demandada reconoce la prestación en especie y la contingencia, pero plantea excepción de falta de acción y niega la relación laboral. La prueba pericial médica y psicológica acredita una incapacidad del 7,5% física y 10% psíquica, ambas relacionadas con la enfermedad COVID-19, reconocida por las autoridades sanitarias. El ingreso mensual del actor se establece en $43.435,31. La sentencia concluye que la contingencia tuvo carácter laboral, y que la normativa vigente al momento de la primera manifestación invalidante (15/09/2020) es la Ley 24.557 modificada por las leyes posteriores. Se calcula la indemnización en $731.091,84, actualizada con intereses desde el 15/09/2020 hasta el 18/07/2025, que ascienden a $2.321.795,37, totalizando $3.052.887,21. Además, se declara la inconstitucionalidad del DNU 669/19 por usurpación de facultades legislativas del Poder Legislativo y se rechaza la inconstitucionalidad de la Ley 24.432. Las costas del juicio se imponen a la demandada vencida. Se regulan honorarios en conformidad con las leyes procesales aplicables, con montos específicos para cada profesional y perito.

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