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ULLOA FRANCO, ANGEL ENRIQUE c/ EN-CRJP PFA s/EMPLEO PUBLICO

La Cámara Federal confirma la sentencia que desestimó la demanda por despido arbitrario, argumentando que la desvinculación fue solicitada por el propio trabajador tras la resolución administrativa que le otorgó la jubilación, y que no se verifican circunstancias de desviación de poder o incumplimiento del régimen de empleo público.

Nulidad Acto administrativo Desvinculacion Empleo publico Desviacion de poder Contratacion transitoria Ley de empleo publico Contrato temporario Jubilacion voluntaria Doctrina ?ramos?


¿Quién es el actor?

Ángel Enrique Ulloa Franco

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por despido y nulidad de la resolución que limitó su contrato laboral

¿Qué se resolvió?

se rechaza la demanda y se confirma la legalidad del acto administrativo que limitó la relación laboral

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia de primera instancia rechazó la nulidad de la resolución 2398/17 y la demanda, señalando que el acto fue dictado en función de la solicitud de jubilación del actor, que fue otorgada el 5/12/2017. La resolución dispuso limitar la relación laboral a partir del 1/11/2017, en línea con la solicitud del trabajador. La Cámara consideró que no se verificó desviación de poder ni uso fraudulento de contratos temporales para encubrir una relación de empleo estable, dado que la solicitud de jubilación no fue arbitraria ni forzada, sino voluntaria y respaldada por la documentación del expediente. La jurisprudencia aplicable, incluyendo el precedente “Ramos”, no resulta directamente aplicable al caso, ya que las circunstancias fácticas difieren, especialmente en que la resolución administrativa que otorgó la jubilación fue efectiva y firme, eliminando cualquier arbitrariedad. La relación contractual fue claramente transitoria y en cumplimiento de la normativa vigente, sin evidencia de desviación de poder o incumplimiento de los principios del empleo público. Por ello, se concluye que la desvinculación fue ajustada a derecho y no procede la indemnización solicitada.

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