GIMENEZ MIGUEL c/ ESTADO NACIONALY OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Miguel Giménez, promovió una demanda contra el Estado Nacional y/o el Poder Judicial por daños y perjuicios, reclamando una indemnización de $618.400 por la privación de libertad de dos años y un mes, tras su detención en un operativo antidrogas en 2000. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, considerando que la prisión preventiva fue fundada en indicios suficientes para la sospecha de participación en un delito, y que la absolución posterior no implicaba error judicial. La Cámara de Resistencia sostuvo que la responsabilidad del Estado solo puede atribuirse cuando la actividad judicial es ilegítima, lo cual no ocurrió en este caso, pues la prisión preventiva fue basada en apreciaciones razonadas y en elementos objetivos existentes en el proceso penal. Además, se resaltó que la absolución final en sede penal no implica automáticamente responsabilidad del Estado, dado que el auto de procesamiento y prisión preventiva se fundaron en sospechas fundadas, y que la causal de responsabilidad por error judicial requiere que el acto sea claramente infundado o arbitrario, lo cual no se acreditó. La Cámara afirmó que la actividad judicial, en este caso, tuvo sustento en la valoración de elementos probatorios y en la aplicación de la normativa vigente, en línea con los precedentes de la Corte Suprema. Por ello, se desestimó la pretensión resarcitoria, confirmándose la sentencia de primera instancia y las costas a cargo del actor.