GOMEZ , NERI ALONSO c/ RODOREN S.R.L. Y OTROS s/DESPIDO
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó las agravios del actor y codemandados, manteniendo la condena solidaria y ajustando el monto del crédito de condena, además de declarar la inconstitucionalidad de ciertos artículos legales y regular honorarios en etapa posterior.
- Quién demanda: Alonso Gómez Neri
¿A quién se demanda?
RodoRen S.R.L. y otros (codemandados)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Despido, diferencias salariales, extensión de responsabilidad solidaria, pagos sin registrar, y reclamos por adicionales y beneficios laborales.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó los agravios relacionados con el progreso de la acción, confirmando la condena solidaria a los codemandados y la validez de la prueba testimonial que sustenta la responsabilidad del empleador múltiple. También rechazó los reclamos del actor por diferencias salariales y adicionales, y mantuvo la condena con ajuste del monto y la declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De los testimonios aportados (Veneroso, González Courty, Matto) surge que ambos codemandados ejercían indistintamente el poder de dirección en los establecimientos, actuando como 'dueños' y dando instrucciones de trabajo, por lo cual la condena solidaria resulta fundada en el principio de primacía de la realidad y en la prueba testimonial." "Respecto a la extensión de responsabilidad, la valoración de las declaraciones testimoniales evidencia que ambos codemandados participaban en la dirección y control de la relación laboral, por lo que no procede apartarse de la decisión de condenarlos solidariamente." "El análisis de las constancias probatorias y la normativa laboral (arts. 14 y 26 de la Ley de Contrato de Trabajo) justifican la responsabilidad conjunta en el contexto de empleador múltiple, sin que la existencia de juicio pendiente de los testigos afecte la validez de sus dichos." "Respecto a los intereses, se propuso un interés del 3% anual más actualización por IPC, en línea con la jurisprudencia mayoritaria, y se ordenó ajustar el crédito desde la exigibilidad hasta el pago efectivo." "Se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7° ley 23.928 y 4° de la ley 25.561, en atención a su aplicación al caso, y se modificó la sentencia en consecuencia, dejando sin efecto los honorarios de primera instancia hasta la regulación en etapa ulterior. Las costas de alzada se impusieron por su orden, y se regularon honorarios del 30% para los profesionales en esta instancia."
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: