MULLER RUBEN MARCELO C/ PROVINCIA ART S.A S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL

- Quien demanda (Actor): Ruben Marcelo Muller, trabajador con más de 30 años en tareas de manipulación de objetos pesados en planta automotriz. Demandado: Provincia ART S.A., aseguradora de riesgos del trabajo. Objeto: Pago de prestaciones dinerarias por incapacidad, en especie, y declaración de inconstitucionalidad de normas que restringen la indexación de créditos laborales. Decisión: Se hizo lugar a la demanda, condenando a la aseguradora a pagar $17.465.769, con intereses y actualización según índice RIPTE y tasa del 1% anual, además de costas, y se declaró la inconstitucionalidad del art.7 de la ley 23.928, modificado por ley 25.561, y del art.12 inc.2 de la Ley de Riesgos del Trabajo (ley 27348), por ser violatorios de la Constitución Nacional y tratados internacionales. La sentencia también rechazó los planteos de inconstitucionalidad de otras normas por considerarlos abstractos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La relación laboral del actor con la aseguradora fue acreditada y las condiciones de trabajo expusieron al trabajador a esfuerzos que afectaron su columna. La pericia médica estableció una incapacidad del 9,97%, que, sumada a la preexistente, resulta en una indemnización de aproximadamente $17.465.769. La inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, vigente en las normas cuestionadas, se basa en que su aplicación viola derechos constitucionales y principios internacionales, causando una desprotección del trabajador ante la inflación y la pérdida del valor de la moneda. Se propone actualizar el crédito con índice RIPTE y tasa del 1%, considerando la jurisprudencia y doctrina sobre la materia." "La sentencia enfatiza que la normativa que prohíbe indexar los créditos laborales resulta inconstitucional y que su mantenimiento perpetúa la desigualdad y la vulnerabilidad del trabajador, en un contexto inflacionario prolongado." "El monto total de la condena, con intereses y actualización, refleja la voluntad del tribunal de garantizar una reparación adecuada y justa, en línea con los derechos constitucionales y obligaciones internacionales."