CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES DE PESCA Y DE CABOTAJE MARITIMO (2) c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO s/JUICIO SUMARISIMO

- Quien demanda (Actor): Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo Demandado: Poder Ejecutivo Nacional y otros, a través de la Ley 27.743 Objeto: La declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 27.743 que afectaron el régimen salarial y tributario, alegando que ello erosionaría el salario real y vulneraría derechos constitucionales y convencionales. Decisión: La Cámara confirmó la decisión de grado que desestimó la acción, considerando que no se probó la afectación patrimonial concreta ni se demostró que la ley tuviera carácter confiscatorio o violatorio de derechos constitucionales, además de que la normativa fue dictada en ejercicio del poder legítimo del Estado sin afectar pactos preexistentes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La declaración de invalidez constitucional de un precepto legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad, o ultima ratio del orden jurídico, como lo ha dicho la Corte Federal desde antaño (Fallos: 333:447; 330:5032). La descalificación constitucional de un precepto normativo luce supeditada, ante todo, a que mediante el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto, específico, tangible, en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución." "La asociación apelante no logró acreditar con probanzas concretas que la sanción de la ley 27.743, en su segmento cuestionado, ocasionó un deterioro salarial del 46%, ni que esa afectación fuera irrazonable, arbitraria o manifiestamente confiscatoria. La simple alegación sin respaldo probatorio no alcanza para invalidar la norma, que además fue dictada en ejercicio de la potestad tributaria del Estado, sin afectar pactos colectivos homologados."