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LAZARTE DAVID ALEJANDRO C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

La Cámara de Primera Instancia hizo lugar a la acción de revisión por incapacidad laboral y condenó a la aseguradora a pagar una indemnización de más de 30 millones de pesos. La decisión se fundó en la incapacidad del 20.59% vinculada al accidente ocurrido el 23/3/2023.

Indemnizacion Pericia medica Incapacidad laboral Accidente de trabajo Sentencia definitiva Proceso laboral Responsabilidad aseguradora Revision Ley 24.557 Buenos aires


- Quién demanda: DAVID ALEJANDRO LAZARTE

¿A quién se demanda?

LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 20.59% derivada de accidente de trabajo ocurrido el 23/3/2023.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la acción y se condenó a la aseguradora a pagar la suma de $30.166.724,09, calculada en base al ingreso mensual de $1.360.919,88 y la incapacidad del 20.59%. El tribunal sostuvo que "el accidente ha sido aceptado como accidente de trabajo, pero en la instancia administrativa no se determinó incapacidad vinculada al hecho", y que "el perito determinó que la actora presenta incapacidad, de grado parcial y carácter permanente, en relación causal con el accidente por rodilla derecha e incapacidad psicológica del orden del 21.63%". La sentencia destaca que "las partes impugnan el informe médico y el perito contesta manteniendo el dictamen inicial", y que "considero que los embates formulados contra la pericia médica no enervan el valor científico de la misma". La decisión se fundamenta en que "el actor es portador de incapacidad del 20.59% TO mediante el método de capacidad restante por preexistencias" y que "el caso encuadra en las previsiones del art. 14 inc. 2 a) de la ley 24.557". La liquidación de la indemnización se realiza considerando el ingreso base, la incapacidad, y el coeficiente de edad. La sentencia también rechaza las inconstitucionalidades y establece costas a cargo de la parte demandada, diferimiento en la regulación de honorarios y la conservación del pronunciamiento en firme.

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