OVIEDO ADRIANA C/ PROVINCIA ART. S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE
La Cámara de Apelaciones en lo Laboral de San Isidro confirma parcialmente la sentencia de primera instancia y establece una indemnización por accidente in itinere, ajustando el monto y los intereses en función de la incapacidad reconocida y la normativa vigente, manteniendo la procedencia del reclamo.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La actora, Adriana Oviedo, demanda a Provincia ART S.A. por daños y perjuicios derivados de un accidente in itinere ocurrido el 11/01/2016, en el que fue herida por un disparo durante un robo en su vehículo. La demandante alegó que sufrió lesiones que generaron una incapacidad del 18%, además de daño psicológico, y que la prestación administrativa ofrecida (4%) era insuficiente. La ART reconoció un 4% de incapacidad y abonó aproximadamente $39.844,81. La demandante interpuso la acción, argumentando que la lesión y secuelas justificaban una mayor indemnización, y que la acción no estaba prescripta debido a la interrupción por causa judicial previa y a la declaración de incompetencia en otra instancia. El tribunal analizó la validez del planteo de prescripción, concluyendo que la interrupción producida por la causa judicial anterior en 2019 impide considerar la acción prescripta, y rechazó la excepción. En cuanto a la incapacidad, el perito médico determinó un 8,2% de incapacidad física y un 15% psicológico, sumando un 13,2% de incapacidad total. La valoración de la personalidad y las características del evento llevó a ajustar la incapacidad psicológica en un 5%, resultando en un porcentaje global de incapacidad psicofísica del 13,2%. El tribunal consideró que la indemnización administrativa reconocida (4%) era menor a la que correspondía según el informe pericial y la normativa, y calculó la diferencia respecto del porcentaje total de incapacidad, aplicando los parámetros de actualización y tasas de interés vigentes. Se condena a la aseguradora a pagar la suma de $77.450,75, ajustada a los intereses y actualizaciones conforme a las pautas jurisprudenciales y legales. Además, se imponen las costas a la parte vencida y se regulan los honorarios profesionales en los porcentajes señalados.
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