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DELLA CROCE RAQUEL AMELIA C/ CAAMAÑO NORBERTO MARCELO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES O MUERTE (EXC. ESTADO))**E**

El tribunal hizo lugar a la solicitud de actualización del monto de la indemnización por daños y perjuicios en un caso de responsabilidad automotor. La decisión se fundamenta en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928, y en el principio de razonabilidad y protección del derecho de propiedad, aplicando la actualización con índice de precios al consumidor (IPC) desde la fecha de planteo hasta el pago efectivo.

Intereses Danos y perjuicios Actualizacion monetaria Prescripcion Tutela judicial efectiva Ipc Sentencia de primera instancia Costas. Inconstitucionalidad ley 23.928 Responsabilidad automotor

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte actora, en representación de Raquel Amelia Della Croce y sus herederos, demandó a la aseguradora La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. por daños y perjuicios derivados de un accidente automotor ocurrido en 2021. La sentencia de primera instancia reconoció la deuda por $4.547.640,00, con intereses y actualización monetaria, y ordenó su pago en los términos del pronunciamiento. La demandada argumentó la extemporaneidad del planteo y cuestionó la constitucionalidad de la doctrina que permite la actualización del crédito, en especial tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928 por la Suprema Corte de Justicia en causa "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra", que prohíbe la actualización monetaria en obligaciones dinerarias, por considerarla contraria a garantías constitucionales. La Cámara de Apelaciones, en atención a dicha doctrina, resolvió hacer lugar a la demanda y ordenar el pago del monto, incluyendo la actualización según IPC desde el planteo, además de los intereses correspondientes. El tribunal sostuvo que la normativa inconstitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema habilitan la protección efectiva del crédito, con una adecuada preservación del derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva. La decisión valoró la antigüedad del proceso y la inacción del demandado, y estableció que la actualización monetaria y los intereses deben aplicarse desde el 19 de agosto de 2024, fecha del planteo, hasta el efectivo pago, con costas a cargo de la demandada.

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