VENTURA NATALIA NOEMI C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AUTOSEGURO S/ ACCIDENTE IN ITINERE

La actora, Natalia Noemí Ventura, demanda a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires por las secuelas incapacitantes derivadas de un accidente ocurrido el 05/07/2021 mientras se dirigía a su trabajo, en el marco del régimen de riesgos del trabajo. La demandada reconoció el siniestro y las prestaciones médicas, pero cuestionó la competencia y planteó excepciones, además de oponer inconstitucionalidades. La prueba pericial médica acreditó una incapacidad física del 10,8 % que, en conjunto con la prueba contable, sirvió para calcular la indemnización. La sentencia consideró que el accidente fue causal de la incapacidad, que la ley 24.557 y su actualización mediante la ley 27.348 deben interpretarse en consonancia con la Constitución Nacional, y que ciertos artículos de dichas leyes, en particular del art. 11 de la ley 27.348 y del art. 7 de la ley 23.928, eran inconstitucionales por afectar derechos constitucionales fundamentales. La condena se fijó en $ 20.539.367,12, ajustada según índices de actualización y en aplicación del principio de reparación integral. Se impusieron costas a la parte vencida y se ordenó el depósito del capital indemnizatorio en un plazo de 10 días, con intereses desde el momento del siniestro. La sentencia también declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y del art. 7 de la ley 23.928, en cuanto prohíben actualización monetaria, y rechazó la parte de la demanda relacionada con la reparación psicológica. FUNDAMENTOS: La sentencia valoró la prueba pericial médica que concluyó que la actora presenta una incapacidad física parcial y permanente del 10,8 %, relacionada causalmente con el accidente "in itinere". La valoración de la prueba documental y pericial permitió determinar el quantum indemnizatorio, ajustado en función de índices económicos y constitucionales. La jueza destacó que, si bien las leyes de riesgos del trabajo y sus modificatorias pretenden garantizar una reparación adecuada, ciertos artículos de dichas normas y del DNU 669/2019 violan principios constitucionales, en particular el derecho a una reparación integral y a la protección de los derechos económicos, por lo que fueron declarados inconstitucionales. La fórmula de cálculo se ajustó a parámetros constitucionales y económicos, resultando en una suma mayor a los mínimos legales y garant