FOTEA NICOLAS BENJAMIN C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL
La Cámara del Trabajo de Morón condena al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a pagar una indemnización de $4.283.099,88 por accidente de trabajo, declarando la inconstitucionalidad de los Decretos 669/19 y 70/23, y estableciendo intereses y costas.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La demanda fue presentada por Nicolás Fotea contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por un accidente laboral ocurrido el 29/12/2021, que le dejó una incapacidad psíquica del 10%. La sentencia de primera instancia evaluó la prueba pericial, que confirmó daño psíquico, y dictaminó una indemnización de $4.283.099,88. La demandada alegó inconstitucionalidad de los decretos que modificaron los cálculos y la procedimiento, pero el tribunal los declaró inconstitucionales, considerando que no cumplían los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia, y que afectaban derechos laborales y de seguridad social. La Cámara confirmó la condena con mayoría, manteniendo los fundamentos y la cuantificación de la indemnización. La sentencia también dispuso intereses y costas. Fundamentos principales: El tribunal valoró la prueba pericial psicológica y psiquiátrica que concluyó que el actor sufrió un daño psíquico derivado del accidente, con un porcentaje del 10%, que ameritaba reparación. La demanda fue considerada procedente, y la indemnización fue fijada en base a los antecedentes probatorios, la normativa aplicable y la jurisprudencia. Respecto a la impugnación de los decretos 669/19 y 70/23, el tribunal expresó que ambos eran inconstitucionales por no cumplir con las condiciones constitucionales para su emisión, en particular la inexistencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la delegación del poder legislativo al Ejecutivo. La declaración de inconstitucionalidad fue sostenida en doctrina y jurisprudencia comparada, resaltando que la emisión de estos decretos sin la previa sanción de leyes específicas viola el principio de división de poderes y los derechos constitucionales de los trabajadores.
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