MONTOYA JOSE NORBERTO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, José Norberto Montoya, demanda a la ART Provincia ART por las lesiones sufridas en un accidente de trabajo ocurrido el 30 de abril de 2020, en el desarrollo de sus tareas habituales de carga y descarga de mercadería. La causa se fundamenta en que la ART no proporcionó las prestaciones en especie correspondientes, otorgó un alta médica parcial y temprana, y no reconoció la incapacidad laboral definitiva ni las secuelas permanentes del actor. La sentencia analiza las pruebas médicas, pericias, y la normativa aplicable (Ley 24.557, Ley 27.348, DNU 669/2019 y DNU 70/2023), concluyendo que el accidente fue acreditado y que la incapacidad definitiva se estima en un 17,94% (psicológica) y un 3,36% (física). La sentencia critica los decretos del Poder Ejecutivo por su inconstitucionalidad, por no cumplir los requisitos constitucionales para su emisión en situaciones de emergencia, ya que no existía tal situación en el caso. Se consideran además las reglas de actualización del capital indemnizatorio, concluyendo que debe aplicarse el índice RIPTE, que refleja mejor la realidad del salario del trabajador. La condena impone a la aseguradora el pago de $3.575.193,51 en concepto de indemnización, más intereses y costas, y declara la inconstitucionalidad de los Decretos 669/2019 y 70/2023. La sentencia rechaza los gastos médicos y honorarios extrajudiciales por no ser parte de las prestaciones dinerarias. Fundamentos principales: "El Tribunal ha valorado la prueba médica y pericial en virtud de la sana crítica, concluyendo que el actor sufrió un accidente laboral con secuelas permanentes y que la ART incumplió sus obligaciones, otorgando un alta temprana y sin la incapacidad real. La normativa aplicable, incluyendo la Ley 24.557 y la Ley 27.348, permite la valoración de la incapacidad y su actualización mediante el índice RIPTE. La inconstitucionalidad de los decretos impugnados se fundamenta en que no cumplen con los requisitos constitucionales para su dictado en situaciones de emergencia, ya que no existía tal circunstancia en el caso. La autoridad judicial tiene competencia para determinar la