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GONZALEZ CARLOS ALBERTO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

La Cámara de Morón confirmó la sentencia que condenó a la ART a pagar una indemnización por accidente laboral. La decisión se fundamentó en la valoración de la prueba pericial y en la inconstitucionalidad de ciertos decretos y artículos de ley, estableciendo un monto de $25.136.244,84 y declarando la inconstitucionalidad del Decreto 669/19, 70/23 y del Artículo 7 de la Ley 23.298.

Indemnizacion Actualizacion monetaria Incapacidad permanente Accidente de trabajo Inconstitucionalidad Pericia medica y psicologica Intereses. Ley 24.557 Decretos dnu 669/19 y 70/23 Ley 23.298

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Carlos Alberto González, demanda a la Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por lesiones y secuelas derivadas de un accidente ocurrido el 26 de febrero de 2020 mientras realizaba tareas laborales como vigilador para Segur Part S.A. La demanda reclama una indemnización por daños físicos y psicológicos, basada en las lesiones constatadas y en las pericias médicas y psicológicas que evidencian una incapacidad total y permanente del 39,82%. La parte demandada reconoce el accidente pero argumenta que no existen secuelas incapacitantes. La prueba pericial médica y psicológica, aceptada por ambas partes, avala la existencia de secuelas y una incapacidad del 33,14% en el aspecto físico y 10% en el psicológico, sumando un total de 39,82%. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda, condenando a la ART a pagar la suma de $25.136.244,84, con intereses y costas, y declaró la inconstitucionalidad de ciertos decretos y artículos de ley relacionados con la actualización y cálculo de indemnizaciones y intereses. La Cámara confirma la decisión, manteniendo la condena y los fundamentos. La fundamentación se centró en la correcta valoración de la prueba pericial, la constitucionalidad de la ley aplicable, y en la declaración de inconstitucionalidad de normas que afectan derechos laborales y de seguridad social, en particular el DNU 669/19, el Decreto 70/23 y el Artículo 7 de la Ley 23.298, por su falta de justificación en condiciones de necesidad y urgencia y por vulnerar principios constitucionales de progresividad y protección del trabajador. La decisión incluye además la condena en costas a la parte demandada y la orden de pago en un plazo de diez días con embargo preventivo.

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