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MELUCCI JUAN FELIX C/ MARTINS ARTURO RICARDO S/ DESPIDO

La sentencia condenó a Martins a pagar indemnizaciones por despido sin causa, diferencias salariales, y otros rubros, actualizando el crédito conforme a la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928, y aplicando IPC más 6% de interés. La apelación fue desestimada, confirmando la condena y el monto establecido.

Indemnizacion Actualizacion monetaria Derecho laboral Prueba testimonial y documental Despido sin causa Principio de realidad Inconstitucionalidad ley 23.928 Jurisprudencia scba Responsabilidad en costas Ipc + 6% interes


- Quién demanda: JUAN FELIX MELUCCI, en representación del trabajador despedido.

¿A quién se demanda?

ARTURO RICARDO MARTINS, empleador.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnizaciones por despido sin causa, diferencias salariales, vacaciones no gozadas, SAC proporcional, indemnizaciones legales, y actualización del crédito por la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928.

¿Qué se resolvió?

Se condenó al empleador a pagar $4.842.911,32 en concepto de indemnizaciones y diferencias, actualizadas conforme IPC más 6% anual, totalizando aproximadamente $39.371.044,5, más intereses. La declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 fue aceptada, permitiendo la actualización monetaria del crédito. La responsabilidad en costas fue impuesta a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia fundamenta la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 por vulnerar principios constitucionales y derechos de propiedad, en línea con la doctrina de la SCBA en la causa "Barrios". La aplicación del IPC más 6% de interés se considera la metodología más adecuada para preservar el valor del crédito y garantizar la tutela efectiva del derecho del trabajador. La prueba, tanto documental como testimonial, y la valoración del principio de realidad en el derecho laboral, sustentan la existencia del vínculo laboral, su extinción, y el monto de la condena. La jurisprudencia y doctrina constitucional respaldan la actualización del crédito y la inaplicabilidad del art. 7 de la ley 23.928.

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