(14602)MENDEZ CLAUDIO DAMIAN C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL
La Cámara de Primera Instancia en lo Laboral confirmó la sentencia que condena a Provincia ART S.A a pagar indemnización por accidente laboral y prestaciones vinculadas, rechazando la responsabilidad civil y declarando la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 en su aplicación al caso.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El actor, Claudio Damian Mendez, demandó a Provincia ART S.A por lesiones sufridas en un accidente laboral ocurrido el 24 de mayo de 2016, en el que la máquina fundidora se rompió y le causó daños en su mano izquierda. La sentencia de primera instancia reconoció la existencia del accidente, la responsabilidad de la ART en la omisión de medidas preventivas y la incapacidad psicofísica del 38%. La Cámara confirmó que la ART cumplió con sus obligaciones de seguridad y que no probó la falla técnica de la máquina ni la responsabilidad civil del seguro. La responsabilidad civil por responsabilidad del empleador fue rechazada, pero se condenó a la ART a pagar $34.834.456,59 por indemnización, prestaciones y tratamiento terapéutico. Se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928, por su incompatibilidad con la realidad inflacionaria y la protección de derechos constitucionales. Se impusieron costas a la demandada vencida, y se reguló honorarios profesionales. Fundamentos principales: El tribunal analizó la mecánica del accidente y concluyó que la parte actora no probó la falla técnica de la máquina ni la omisión en medidas de seguridad por parte de la ART, pues la pericia técnica no evidenció falencias en la máquina ni incumplimientos. La responsabilidad civil del seguro fue rechazada por falta de prueba del pago y por la correcta conducta administrativa de la ART. Sin embargo, en cuanto a la reparación por daños, la ley 23.928 (art. 7) fue declarada inconstitucional por afectar derechos constitucionales y por su inadecuada aplicación en contexto inflacionario, por lo que se dispuso su inaplicabilidad y se actualizó la suma indemnizatoria mediante metodología que toma en cuenta la inflación y la devaluación monetaria, con una suma final de aproximadamente $34,8 millones. La sentencia también abordó las cuestiones de constitucionalidad y la necesidad de adaptar las normas a las condiciones económicas actuales.
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